Un estudio publicado en la Cambridge University Press Public Health Emergency collection estimó que durante el año anterior (2020) hubo una reducción importante en los niveles de seguridad alimentaria en los hogares mexicanos después del confinamiento, pasando del 38.9% al 24.9%.
Dado que la inseguridad alimentaria está asociada con la morbilidad por enfermedades crónicas y la mortalidad prematura, estos datos son alarmantes. Aunado a esto, la brecha que existe en variables que permiten o inhiben la seguridad alimentaria, tal como el empleo, la inserción social y el ingreso dan luz a otro problema profundamente arraigado: la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria provocada por formas interseccionales de discriminación en la población LGBT.
Aunado a lo anterior, otro estudio, publicado en la BMC Public Health el año pasado concluyó que las personas no heterosexuales en todas las subcategorías informaron una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que las personas exclusivamente heterosexuales. También se concluyó que este mismo grupo era más propenso a recibir asistencia alimentaria que recursos o programas gubernamentales para hacer frente a estas condiciones. A pesar de que se necesita más investigación para comprender todos los factores que impulsan la inseguridad alimentaria en esta población y gestar políticas eficaces para su solución, está claro que la discriminación que aún persiste de forma institucional así como la que subyace en de forma no institucional, son parte del problema.
Por ejemplo, las tasas de pobreza, falta de vivienda e inseguridad alimentaria son más altas entre las personas LGBT que en la comunidad en general.1 Estas condiciones son, como se ha mencionado, el producto de una serie de conductas hegemónicas violentas, así como de presión social. Las leyes que penalizan la homosexualidad, la patologización de personas trans y no binarias y otras formas de violencia y discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género moldean las actitudes, políticas y prácticas de las instituciones y personal de salud y perpetúan el estigma y disuaden a las personas de buscar servicios y pueden conducir a la negación del acceso adecuado a su derecho a la salud.
Entre otras cosas, las personas LGBT también son sistemáticamente excluidas de la educación de calidad como resultado del hostigamiento, el abuso violento e incluso expulsados de las escuelas1 a falta de políticas robustas y campañas de concientización eficaces.
Alimento Para Todos es consciente de la responsabilidad que implica servir a las porciones más vulnerables de la sociedad, es por eso que refrendamos nuestro compromiso por una sociedad sin discriminación, sin violencia y sin hambre. La Institución opera con la claridad de que todo tipo de discriminación negativa no tiene lugar en la lucha contra el hambre como queda de manifiesto en nuestra política de no discriminación. Este mes, invitamos a nuestros aliados, beneficiarios, voluntarios y donantes a reflexionar en aquello que resta por hacer para alcanzar la igualdad de oportunidades.
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